Nuestro país no puede posponer por más tiempo la creación de un Estado de bienestar que involucre a todos sus ciudadanos, empezando por los más vulnerables.

La pandemia de COVID-19 ha evidenciado la extrema insuficiencia del sistema de protección social frente a los riesgos sanitarios y las crisis económicas.

Tenemos un sistema de seguridad social inequitativo, fragmentado y residual, cuando lo que necesitamos es un régimen universal de bienestar.

Ante la falta de ese tipo de soluciones, universales y coordinadas, el Estado ha implementado políticas asistenciales que poco han hecho para paliar la pobreza, la desigualdad y la falta de movilidad social.

Necesitamos un Estado de bienestar que nos proteja de los riesgos sociales a los que estamos expuestos durante el transcurso de la vida, que genere capital humano por medio de la educación, que provea servicios sanitarios de calidad y que garantice la igualdad de oportunidades, regional y de género.